Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado este 4 de diciembre en el Senado las enmiendas dirigidas a los Grupos Parlamentarios que van a debatir la Ley Celaá, tras su vertiginoso y exprés paso por el Congreso de los Diputados, donde no se ha permitido la participación en el debate parlamentario a la comunidad educativa, como ha sido lo normal en las últimas leyes de educación.

La Plataforma Más Plurales presenta estas enmiendas con un sentido constructivo y con el fin de mejorar el articulado de la LOMLOE para adaptarlo al sentido y al contenido que, con palabras de la ministra, dice que tiene esta Ley, donde no cambia nada y donde se respeta, otra vez con palabras de la ministra, la libertad de elección de las familias y se garantiza la existencia de los centros de Educación Especial.

Si nada cambia en el articulado de temas como la programación de la educación, los decretos de admisión de alumnos y el papel y la continuidad de la enseñanza concertada, la Plataforma Más Plurales no entiende el empeño de modificar la ley, no aceptar ninguna enmienda en estos temas tras su paso por el Congreso y continuar con el doble discurso de decir que nada cambia cuando lo que dice la ley –como afirman en Más Plurales: “nos la hemos leído”- es lo contrario de lo que declara la ministra.

La Plataforma Más Plurales propone enmiendas en los artículos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y en las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta, entre otros. Todas ellas, de una manera o de otra, afectan a la libre elección de las familias, tanto de una manera general como para los centros de Educación Especial. Se trata, en definitiva, de respetar esa libertad de los ciudadanos y de impedir que sean las Administraciones las que impongan sus exclusivos criterios. Como se lee en la Ley, hay una predisposición especial hacia la escuela pública en detrimento de las escuelas concertadas, que tendrán a partir de ese momento un carácter subsidiario, poniendo en peligro el futuro de miles de trabajadores. En la actualidad, y sin que existan problemas de ningún tipo, la complementariedad garantiza esta libertad de elección.

Las enmiendas reclaman también la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, los ordinarios (incluyendo a los centros concertados) y los de Educación Especial. También, la importancia de crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social (en la Ley solo se habla de crear plazas públicas). Y, además, la necesidad de garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a todos los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren de una precisa atención. Hasta ahora, esta financiación es absolutamente desequilibrada en perjuicio de los centros concertados.

Estas enmiendas buscan mejorar el contenido de la Ley para hacerla más dinámica, plural y abierta. Con el articulado actual, estamos ante una Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática.

Cerca de dos millones de firmas avalan a la Plataforma Más Plurales, que solo desea contribuir a mejorar la calidad de nuestro servicio educativo y a construir entre todos una sociedad más justa, igualitaria y democrática.